La reforma laboral aprobada por el Senado de la República es una reforma auténticamente integral, porque además de que se ratificó la totalidad de los artículos votados por los Diputados, se le reintegraron partes medulares que en aquella cámara habían sido mutiladas y se le adicionaron otras figuras importantísimas para combatir la simulación en la celebración de contratos colectivos. Se trata de un avance legislativo con enormes consecuencias para el mundo del trabajo, que no sólo moderniza las relaciones obrero-patronales, sino que tiene también una gran significación política en términos del equilibrio del poder en nuestro país, derivada del acuerdo entre el PAN y las izquierdas para sacar adelante los temas de transparencia, rendición de cuentas y democracia sindical.
Destaco de la reforma esto último, pues es lo que me resulta más esperanzador para México, sin negar que la reforma impactará positivamente en la regularización de una gran parte de la informalidad en el empleo, y sin duda, motivará la creación de muchos más, sobre todo entre la población juvenil.
El acuerdo entre el PAN, PRD, PT y MC es un signo de madurez institucional que teníamos buen tiempo sin ver en el Congreso; quizá desde 2006 cuando la polarización electoral marcó indefectiblemente la parálisis legislativa sobre reformas de fondo, y la actitud radical de los legisladores perredistas de aquella época terminaron por echar en brazos del PRI, a las bancadas del PAN.
¿Quién podía apostar a que en un tema tan ideológica y programáticamente contrastante el PAN y las izquierdas coincidieran en varios puntos? ¿Que tomaran la extraña decisión de comportarse racionalmente frente a su verdadero adversario político y relanzaran su plataforma común frente a la amenaza que significa el regreso del PRI? La convergencia ha tenido como centro el rescate de los valores esenciales de la democracia, la transparencia, la rendición de cuentas y la anticorrupción, a pesar de las diferencias en otros muchos artículos. Esa es una gran noticia, la capacidad de separar el trigo de la paja.
En el otro contenido de la reforma, esto es, desde el punto de vista económico y para una mayor flexibilidad del mercado laboral me parece que también se consiguieron avances en nuevas formas de contratación y sub-contratación, incluido el denominado pago por horas, con restricciones muy pertinentes para evitar abusos en los contratos de prueba y capacitación inicial, los cuales serán improrrogables e incluirán los mismos derechos y obligaciones de que gocen los demás trabajadores. Se define con toda claridad el "trabajo decente", con criterios obligatorios de respeto y no discriminación laboral, la tipificación del delito por contratación de menores de 14 años, la especificación de trabajos peligrosos e insalubres, la eliminación de certificados de ingravidez como requisito de contratación; la prohibición expresa del despido por embarazo, cambio de estado civil o bien, en caso de que el o la trabajadora tenga a su cuidado hijos menores, así como el acoso u hostigamiento sexual, a la par de ampliar los derechos de maternidad para compartir este tipo de beneficio con el padre de familia; la protección a grupos vulnerables como es el caso de discapacitados, empleados domésticos y jornaleros agrícolas, a quienes se amplían sus prestaciones en materia de derechos de transporte, servicios de agua potable, guarderías infantiles y registro ante el IMSS, entre otras prestaciones adicionales.
Sin embargo, el de la democracia sindical y la posibilidad de que los trabajadores puedan votar las condiciones de sus contratos colectivos, me parecen los dos asuntos más relevantes de la tarea legislativa senatorial.
En una democracia que, en realidad se precie de serlo, no puede haber - en materia de responsabilidad política, de transparencia y rendición de cuentas-, excepciones jurídicas entre quienes ejercen un poder, una influencia o una forma de organización política o social. En una democracia todos los que ejercemos una responsabilidad política o social, estamos obligados a rendir cuentas, y conducir nuestros actos por el valor de la democracia, como el gran valor que conquistó su derecho prácticamente en todo el mundo. En una democracia, no puede haber zonas de impunidad.
Así como en nombre de las llamadas soberanías nacionales, no se pueden atropellar los derechos humanos; tampoco en nombre de las autonomías sindicales, se pueden atropellar o negar los derechos de los trabajadores para elegir democráticamente a los miembros de sus directivas sindicales, o negarles mecanismos o procedimientos internos que aseguren la correcta y honesta gestión de los fondos sindicales.
Los conceptos de soberanía y autonomía están relacionados con la facultad de decidir de sus ciudadanos o sus agremiados. Las autonomías en nuestro medio, son la libertad para tomar decisiones sin que medien chantajes, porros, temores, o partidos. En la medida que las decisiones de los trabajadores se base en asambleas abiertas, sin interferencias de patronos, iglesias, partidos, o sea, por agentes con intereses diferentes, son más auténticas.
La autonomía universitaria se dio contra la actitud gubernamental que quería decidir por los claustros de los maestros o los consejos universitarios que quiso imponer un credo filosófico a fuerza. La autonomía judicial es la capacidad de los juzgadores de sentenciar libre de presiones de delincuentes, empresarios, gobernantes incluso de sus superiores. La autonomía del INEGI es la capacidad de capturar información bajo sus metodologías y difundirlas libremente sin presiones del gobierno.
Lo que se tiene que discutir es si los obreros pueden decidir libremente en las actuales estructuras sindicales. Decidir sin interferencias de partidos políticos, iglesias, sobre todo de mafias internas. Decidir pensando en los intereses legítimos de los trabajadores. Decidir libremente requiere de hombres libres. El sindicalismo es consecuencia de la libertad de los trabajadores para asociarse. Es el instrumento para proteger sus derechos laborales y un medio para procurar la capacitación de sus agremiados.
En la defensa que hice en tribuna de la reserva al artículo 371 de la Ley que contiene este tema, dije que autonomía sindical y libertad no es ningún dilema; autonomía sindical y democracia no son antípodas; autonomía sindical y transparencia no forman parte de ninguna dicotomía. En el mundo democrático, son los rostros del sindicalismo moderno y responsable. Y la democracia tiene como condición necesaria el VOTO. Como la expresión directa de la voluntad personal que prefiere, que elige. El Voto democrático, presupone características y condiciones esenciales: la celebración de elecciones periódicas mediante el sufragio libre, directo y secreto.
Es libre, cuando se respetan los derechos esenciales de la persona y las libertades públicas (la libertad de expresión, la libertad de conciencia, la libertad religiosa, la libertad de asociación, la libertad de información, de reunión.
Es directo, cuando la persona lo emite en forma directa, sin intermediarios, porque cada miembro de la sociedad está capacitado para tomar sus propias decisiones de acuerdo con sus propias preferencias. La tendencia en el mundo, ante la asunción y el reconocimiento de los derechos humanos, es hacer que el voto sea directo porque el derecho de voto no es un derecho transferible. Es hora de ir eliminando las elecciones indirectas, porque esa mediatización actúa la mayor de las veces como filtro, incluso distorsionador de los designios de los ciudadanos.
Pero la mayor característica del VOTO democrático, es asegurar que su ejercicio sea secreto, para garantizar la libre decisión del votante. El elector no debe ver limitada su libertad política cuando deposita su voto y por ello es imprescindible que el elector pueda ejercitar su derecho al sufragio, garantizando su privacidad, de forma que su voto no sea conocido por nadie más. Esta libertad de elección queda condicionada cuando el voto se hace de manera pública o abierta. Y el voto por aclamación, a mano alzada o expresado oralmente, además de coercitivo, es una rémora vergonzosa de nuestro proceso de transición.
En el fondo, no hay impedimento constitucional: lo que hay es la resistencia de un corporativismo sindical que ha servido más a la operación política electoral de la lucha por el poder en México, que en la defensa de los derechos de los trabajadores. Es una resistencia penosa porque lucha por el dudoso honor de ser de los últimos actores en someterse a un ámbito de responsabilidad y al proceso de democratización que vive el país. La vida sindical no es un fuero ni un privilegio sino una responsabilidad de todos sus agremiados.
La abierta oposición del PRI a esta reforma es una pésima señal para el futuro inmediato de México, y peor aún, que la traten de justificar en "alcance de su autonomía sindical" como lo dijo Enrique Peña Nieto en España, avalando en realidad largos periodos de usufructo sindical, sin legitimidad.
Los sindicatos libres son fundamentales para la democracia. los sindicatos corporativos son amenazas silenciadas al orden político. La paz social descansa en sindicatos libres. El ejemplo de los sindicatos en Europa en estos momentos aciagos, lleno de vicisitudes, es ejemplar, ya que la vida social continua y la libertad obrera -esa armonía, ese juego dialéctico - es la levadura democrática.
Exigir cuentas a los sindicatos o mejor dicho a sus líderes no es ser anti-sindicalista sino defensores del sindicato. Promover la democracia interna no es debilitar a los sindicatos sino revestirlos de toda la dignidad que significa representar a sus agremiados.
En los últimos diez años: la transparencia y el deber de informar de las autoridades están sirviendo a los ciudadanos para enterarse y participar de los asuntos públicos y frente tenemos una realidad grotesca, sindicalizados que no pueden votar libremente ni exigir información a sus directivos. La lucha en contra de la corrupción debe estar en todos los ámbitos e instituciones del país, entre otros: los sindicatos. La lucha por la democratización del país no puede tolerar ínsulas de perversión en instituciones intermedias como son los sindicatos. El siglo XXI debe vivirse en todos los ámbitos de la vida social.
Por ello también he apoyado decididamente la adición al artículo 388 bis que propone que los trabajadores decidan en contra de la celebración de un contrato colectivo de trabajo con el voto de cuando menos las dos terceras partes de los trabajadores con derecho a voto. Esto es fundamental.
No sólo el carácter público de los contratos colectivos que se suscriben con las empresas, sin que deban ser aprobados previamente por los trabajadores. Es una forma de validación de la gestión sindical, pero también, hay que decirlo, es un mecanismo de rendición de cuentas de los propios dirigentes sindicales con sus agremiados, para poner fin a la simulación de los contratos de protección entre empresarios y líderes charros.
Ante el amago paralizador del PRI de estas adiciones, en voz del coordinador de sus diputados, Manlio Fabio Beltrones, es fundamental advertir: en efecto, necesitamos una reforma laboral que contribuya con el crecimiento económico, pero también con la consolidación democrática. Lo que necesitamos es un sindicalismo democrático, capaz de tomar decisiones a su beneficio y no en el de los dirigentes que negocian posiciones.
JAVIER CORRAL JURADO SENADOR PAN
